“Existe una vara distinta para medir a quien no paga sus impuestos y a quien realiza un gasto público inapropiado”, indicó el Dr. Gianni Gutiérrez, gerente del Departamento Tributario de Ferrere Abogados, durante la presentación del libro “Límites a la creación y recaudación de impuestos: el control del gasto público”.
El evento, organizado por el Departamento de Contabilidad e Impuestos de la Escuela de Postgrados de la Universidad ORT Uruguay, tuvo lugar el martes 30 de octubre en el Auditorio del Campus Pocitos.
La jornada contó con la participación de los autores del libro y docentes de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, el Dr. Gianni Gutiérrez y el Dr. Marcelo Marchetti, abogados del área Impuestos de Ferrere Abogados. La apertura estuvo a cargo del Dr. Martín Aguirre, director y redactor responsable del diario El País.
Los impuestos y la organización de la sociedad
“El debate sobre cómo se manejan los impuestos tiene mucho que ver con la forma en que se organiza la sociedad”, dijo Aguirre. “La razón de ser de los impuestos debería ser la contribución que hacemos los ciudadanos para financiar los gastos en común que genera la vida en sociedad”.
Aguirre agregó que el libro plantea “con bastante delicadeza, la frialdad y la austeridad de la Suprema Corte de Justicia” al momento de enfrentar temas como la inconstitucionalidad de la normativa tributaria. “No le gusta meterse mucho en los debates más instrumentales de los impuestos”, apuntó.
“Son impresionantes los datos, los números, los elementos que el libro da para comprobar fehacientemente que –más allá de impresiones– realmente tenemos una maquinaria destinada a recaudar impuestos”.
“El fin justifica los medios”, señaló respecto a lo que dice la obra sobre la política tributaria. “La ley puede ser en cierta medida doblada, o avasallada, o llevada por delante, ya que la tarea de recaudar justifica cualquier tipo de abuso o de desbalance en lo que debería ser una situación de igualdad entre el contribuyente y el organismo recaudador”.
“Hay que sacarse el sombrero ante el libro”, concluyó Aguirre, para quien el material contribuye al desarrollo de un debate realista sobre la actualidad impositiva.
El control del gasto y el costo de los derechos
El libro “surge como una respuesta de un derecho vivo, impregnado de la realidad cotidiana que vivimos ambos autores”, apuntó el Dr. Gianni Gutiérrez, docente de los postgrados en impuestos de la facultad, al inicio de su presentación. El autor explicó que se trata de un libro jurídico-tributario, de investigación, que incluyó litigios por acceso a la información pública.
“La inquietud por los límites en la tributación se genera por infinidad de situaciones que vivimos”, contó.
“El IRPF es un impuesto injusto porque no contempla adecuadamente las cargas familiares”, sostuvo Gutiérrez. “Tampoco reconoce la capacidad contributiva cuando hace pagar al trabajador sobre sumas que no recibe”, al considerar los ingresos nominales. “Es cierto que el IRP era injusto, pero eso no convierte al IRPF en un impuesto más justo”.
El libro parte de la premisa de que los impuestos son necesarios, para que a través de un gasto social efectivo se logre el desarrollo de todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es preciso preguntarse hasta dónde pueden aumentarse los impuestos.
“Cada vez que se va a aprobar una ley de presupuesto o rendición de cuentas parece que existe la creencia, incluso entre los propios contribuyentes, de que el dinero nace en los árboles y todos pedimos más gasto”, dijo Gutiérrez y agregó que muchas veces no se visualiza el vínculo entre el gasto y el aporte de los contribuyentes.
“¿Quién osaría decir que es injusto gastar más en educación, en salud, en seguridad, en vivienda? El problema es quién termina pagando”, señaló. “Si no se controla el gasto, no sirve quejarse de los impuestos”.
El experto indicó que mientras el Estado es extremadamente riguroso para controlar el aporte de los contribuyentes, no se maneja del mismo modo a la hora de controlar el gasto.
“El Tribunal de Cuentas, en los últimos años, ha realizado decenas de miles de observaciones que nadie analiza”, dijo refiriéndose al manejo de fondos públicos y comentó que podrían instrumentarse diversos métodos para responsabilizar a los funcionarios públicos por gastos inadecuados. “El Estado no está interesado en el control del gasto público”.
Los límites formales y las varas jurídicas del Estado
El Dr. Marcelo Marchetti contó que durante el proceso de escribir el libro primero se encontraron con los límites normativos que tienen los impuestos. “Los límites formales –los mecanismos constitucionales para la elaboración de un impuesto-, que son normalmente respetados, son necesarios, son esenciales, pero no son suficientes”.
“Perfectamente pueden existir tributos sancionados por una ley que pasen por todo ese procedimiento y al final del día no respeten los principios de igualdad, de capacidad contributiva, entre muchos otros principios sustanciales”.
“La Suprema Corte de Justicia es demasiado tímida a la hora de declarar la inconstitucionalidad de una ley por razones sustanciales”, dijo. “Esto no es una tendencia nueva”. En la mayoría de casos en los que la Suprema Corte ha anulado leyes tributarias, informó el experto, lo ha hecho por motivos formales.
Marchetti recordó que, de 250 sentencias emitidas durante los últimos 10 años por la Suprema Corte sobre aspectos tributarios, la única anulación de una ley por cuestiones de fondo fue el caso de la aplicación del IRPF a las pasividades.
“El Estado uruguayo ya pasó de ser un Estado social de Derecho a un Estado fiscal, en el que la imposición se termina justificando”. Marchetti también explicó que en cada Rendición de Cuentas aparecen nuevos artículos que amplían las facultades del fisco, por lo que se puede argumentar que se adaptan las leyes a las necesidades fiscales en vez de ser a la inversa.
Aun así, el panorama para los contribuyentes que llegan a litigar contra el Estado es alentador. “Un 65% de los que se animan a litigar, ganan”, dijo. Posteriormente aparece la adaptación de las leyes para evitar que esas situaciones se reiteren, aunque eso signifique ir contra el espíritu de normas establecidas previamente.
“No pudimos encontrar ni un solo juicio donde el Estado haya realizado un reclamo contra el funcionario público que causó un daño al patrimonio del Estado, sin haber dañado previamente a un tercero”, contó Marchetti al referirse a las acciones del Estado ante las irresponsabilidades de sus propios trabajadores.
“Parece ser que el Estado tiene dos varas jurídicas”, dijo; una, dura e inflexible, que emplea para perseguir a los contribuyentes, y otra más laxa que utiliza para juzgar a sus propios integrantes.
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