INSPECCIÓN FISCAL

“Los ciudadanos necesitan ver del Estado una respuesta moral”

El jueves 13 de noviembre de 2014 se presentó en el auditorio de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales la cuarta edición del libro El contribuyente frente a la inspección fiscal.

En la obra, editada por primera vez en 2007, sus autores, los abogados especialistas en derecho tributario, Alberto Varela Rellán y Gianni Gutiérrez Prieto, abordan difíciles preguntas en la materia:

  • ¿Qué facultades tienen los inspectores?
  • ¿Qué derechos tienen los contribuyentes a oponerse a pedidos de los inspectores?
  • ¿Qué responsabilidad ­fiscal tienen los gerentes y directores de la empresa?
  • ¿Qué medidas puede tomar la Dirección General Impositiva (DGI) mientras se discute la deuda?
  • ¿Qué consecuencias tienen los abusos que se dan en una inspección?, entre otras.

En esta cuarta edición, el libro fue actualizado con la nueva normativa en derecho tributario. Los comentarios sobre la obra estuvieron a cargo del Dr. Alejandro Altamirano, profesor de Derecho Tributario en la Universidad Austral de Argentina, y del Dr. Andrés Blanco, profesor de Derecho Financiero en la Universidad de la República.

Antes de dar paso a los comentarios, los autores del libro coincidieron en una breve presentación que la relación entre el contribuyente y el fisco en Uruguay está “desbalanceada”, porque el primero no tiene garantías judiciales efectivas en los litigios.

Varela Rellán, afirmó que si bien la DGI se profesionalizó y se ordenó, Uruguay todavía no hizo nada para reforzar los derechos del contribuyente.

Una señal moral

El experto argentino Alejandro Altamirano destacó que en la obra hay un análisis de los principios generales del derecho tributario con un anclaje práctico muy concreto, lo que da pautas para pensar y fundar mejor una argumentación para defender al contribuyente.

Altamirano consideró que en todos los ordenamientos jurídicos de la región existe un “problema en la relación entre el fisco y el contribuyente”, ya que el esfuerzo del buen pagador no se condice con el “destino final” que los Estados dan a los recursos públicos.

Esta situación para Altamirano hace que el contribuyente tenga una “natural inclinación” a querer reducir su carga tributaria, lo que provoca que la inspección tributaria “aumente su presión” sobre los pagadores.

Según Altamirano, los nuevos gastos de los Estados “salen de un bolsillo común que recibe cada vez más presión fiscal”. El experto sostuvo que “la fiesta siempre la pagan los mismos”. Y agregó que “los ciudadanos necesitan ver del Estado una respuesta moral. Una señal de que están siendo racionales con los recursos que da el contribuyentes”.

Un nuevo orden jurídico

Por su parte, el abogado Andrés Blanco afirmó que la cantidad de procesos en materia tributaria iniciados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) son escasos en relación a los expedientes administrativos que inicia la DGI.

Blanco sostuvo que un bajísimo porcentaje de estas determinaciones administrativas son recurridas en una instancia judicial. De los casos que llegan a los tribunales, siete de cada 10 son perdidos por la DGI, lo que según Blanco demuestra que la administración tributaria no está haciendo las cosas del todo bien, porque hay apartamientos del orden jurídico.

La explicación para que haya pocas demandas en el TCA por impuestos mal cobrados es que el contribuyente tiene “un montón de barreras” para iniciar acciones legales, señaló.

Blanco sostuvo que el sistema Contencioso Administrativo previsto en la Constitución uruguaya está diseñado para proteger a la administración y no al contribuyente.

El experto agregó “que es hora de que el sistema contencioso uruguayo tenga juzgados de primera y segunda instancia por debajo del TCA” y propuso crear juzgados que tengan competencia en materia tributaria. También sostuvo que es necesario crear la figura del defensor del contribuyente.

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