Nuevos paradigmas y realidades para los asesores tributarios

Nuevos paradigmas y realidades para los asesores tributarios
Fecha: 22/06/2017

“Estamos asistiendo a una verdadera reconversión del rol que está llamado a cumplir el asesor tributario”, dijo el Cr. Félix Abadi durante la conferencia “Los nuevos tiempos tributarios y el rol de los asesores”. Organizado por el Departamento de Contabilidad e Impuestos de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, el evento tuvo lugar el miércoles 14 de junio de 2017 en el Campus Pocitos de Universidad ORT Uruguay.

La jornada tuvo un formato de debate en el que participaron el Cr. Félix Abadi (socio cofundador del estudio Rueda Abadi Pereira y SMS Uruguay), el Dr. Gianni Gutiérrez (socio del Departamento Tributario de Ferrere Abogados) y el Cr. Federico Otegui (consultor internacional).

Los tres expositores fueron nombrados recientemente como integrantes del Directorio del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET); Abadi como su presidente, Gutiérrez y Otegui como miembros de su Consejo Directivo, por el período 2017-2019.

El rol de los asesores

Para Abadi existe una relación tripartita entre contribuyente, fisco y asesor, que ha evolucionado durante la última década. “Hay nuevos paradigmas y realidades”, indicó. Así, dijo que probablemente asistamos a “una verdadera reconversión del rol que está llamado a cumplir el asesor tributario”.

“El enfoque histórico de preparación de los contadores (…) es el de un profesional que se debe a su cliente”, bajo una serie de normas jurídicas y éticas que debe cumplir, explicó Abadi. “En ese enfoque el secreto profesional es algo absolutamente ineludible, es el sine qua non, es el punto de partida”.

El nuevo paradigma, en tanto, apunta a “un profesional enfocado en la sociedad”. En este panorama, el secreto profesional, otrora inexpugnable e importante, “obstaculiza o impide a la sociedad, globalmente analizada y con el fisco como parte de ella, avanzar en determinados objetivos”.

Luego recordó los tiempos previos a Internet. “En aquel momento, tener la información normativa ya era un valor distintivo frente a un cliente”, dijo. “Hoy un asesor (…) no puede vender el conocimiento de la norma”, confió y explicó que las tareas de compilación de información también empiezan a perder peso en el rol de los asesores.

La globalización y la normativa tributaria

Federico Otegui analizó la globalización de la normativa tributaria y dijo que no solo el acceso a la información permite conocer normativas de otros países, sino que es preciso hacerlo, ya que el cliente lo va a exigir.

“Esta democratización del acceso a la información afecta nuestra práctica como asesores”, dijo. Como ejemplo, Otegui se refirió a los precios de transferencia, una serie de normas orientadas a que los problemas se resuelvan de forma parecida en diferentes países.

“Se está dando una estandarización de normas internacionales”, explicó y aclaró que ya existen profesionales extranjeros que pueden asesorar sobre la tributación en Uruguay, lo que está afectando el volumen de trabajo procedente del exterior.

Otegui también se refirió a la iniciativa conocida como “base consolidada” que se está reflotando en Europa. De aprobarse, todos los países de la Unión Europea aplicarán las mismas normas para determinar el monto imponible en los impuestos a la renta corporativos, eliminando la competencia entre los Estados parte y reduciendo el trabajo de los asesores locales.
“Esto es un tema que nos está afectando, hace ya algunos años, y creo que esto va a seguir avanzando de esta manera”, advirtió.

El secreto profesional y el dilema del futuro

Gianni Gutiérrez dijo que siempre se ha intentado generar cambios y restricciones en lo referente al secreto profesional y recordó antecedentes de la Ley de Rendición de Cuentas del período 2005-2009 y declaraciones del director de Rentas de la época.

“En ese momento el Parlamento entendió claramente que el secreto profesional no es un privilegio de los profesionales: es una obligación y es un deber que surge de la Constitución”, vinculado a otros derechos constitucionales (derecho a la intimidad, derecho a la debida defensa, derecho al debido proceso), explicó.

“No es un privilegio, es la forma en que el cliente tenga confianza en nosotros”, dijo Gutiérrez, para quien los profesionales tienen dos grandes desafíos. El primero son los cambios tecnológicos y el segundo el rol del Estado y sus modificaciones en la función de contadores y abogados.

Gutiérrez aclaró que en la nueva interpretación del secreto profesional, contemplada en el Proyecto de Ley sobre Transparencia Fiscal –a estudio del Parlamento– no hay “una obligación de lealtad pura con el cliente, sino que hay ciertas obligaciones con el Estado. Esto es un cambio paradigmático”.

“En la práctica es muy difícil sustentar el secreto profesional frente a la DGI, porque la DGI entiende que el Código Tributario (…) derogó la posibilidad de establecer el secreto”. Recordó entonces que la Dirección General Impositiva invocó el artículo 302 del Código Penal durante las investigaciones conocidas popularmente como Panamá Papers.

“Desde el punto de vista normativo va a haber otros embates contra el secreto”, adelantó Gutiérrez. “Ya hay una posición de que el secreto es un obstáculo, de que el profesional no debería obstaculizar la posición de la administración fiscal y que, en todo caso, si el secreto profesional existe (…) tiene que decaer cuando está en juego la recaudación fiscal”.

Los expositores se mostraron contrarios a la posición uruguaya expresada en el Peer Review presentado ante el Global Forum de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Según esta, existe jurisprudencia de que los contadores no pueden invocar de forma válida el secreto profesional.

“Tenemos que defender el secreto profesional y tenemos que defenderlo a nivel normativo y a nivel de la práctica administrativa”, opinó Gutiérrez, quien dijo haber recibido solicitudes de las autoridades para revelar información sobre facturación de clientes.

“Es un dilema para el futuro de la profesión”, dijo y aclaró la postura de los profesionales al respecto. “No lo consideramos un privilegio, ni una forma de ayudar a defraudadores; esa es una forma de menospreciar el discurso. Yo creo que es parte esencial de un Estado de Derecho el respetar el secreto”.

Lavado de activos y nuevas responsabilidades

Posteriormente, el Cr. Félix Abadi abordó el tema del lavado de activos.

Abadi explicó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo dedicado a combatir el lavado de dinero, “sugirió incluir lo que llama delito fiscal como delito precedente del lavado de activos”. Si bien Uruguay no lo contempla, ya se estudió la posibilidad de implementarlo.

A raíz de esto existe un proyecto de ley, presentado a fines de 2016, que modifica disposiciones referentes al lavado de activos y que preocupa a asesores, contadores y abogados por igual.

“El lavado de activos es un delito muy grave. Las garantías decaen inmediatamente”, indicó Gianni Gutiérrez, quien repasó medidas utilizadas en la lucha contra este crimen (escuchas telefónicas, levantamiento del secreto profesional, congelamiento de cuentas bancarias, entre otras).

Gutiérrez dijo que el proyecto, “que aparentemente se aprobaría antes de fin de año”, incluye a la defraudación como delito precedente del lavado de activos y establece “obligaciones muy graves y especiales respecto de abogados y contadores”.

Así, los profesionales deberán investigar a sus clientes, e incluso a sus familiares, si sospechan que sus actividades o ingresos involucran fondos provenientes de operaciones ilegales. Además, tendrán la obligación de denunciar a los involucrados ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, exponiéndose a multas de hasta US$ 2.000.000 en caso de omisión.

“¿Es verdaderamente una cruzada contra el terrorismo y el narcotráfico? ¿O estamos aprovechando la oportunidad para proteger también las arcas fiscales?”, se preguntó Gutiérrez.

“Se trata de normas que pegan fuerte y duramente en la profesión y en el ejercicio”, dijo sobre el cierre y sostuvo que “el proyecto, en esta limitación del secreto profesional, es inconstitucional".

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