No es novedad que para un país pequeño como Uruguay rodeado de gigantes y en un mundo globalizado, la evolución económica de los demás países tiene una marcada incidencia en lo que ocurre en el nuestro.

Es sabido que las exportaciones se ven favorecidas cuando a nuestros compradores les va bien.

Pero no solo dependemos del resto del mundo para vender bienes y servicios, sino también para recibir inversiones y financiamiento. Este último se materializa en forma de préstamos al país, ya sea de particulares mediante la compra de títulos públicos o vía fondos de inversión o por organismos financieros internacionales.

Es claro que si es necesario recurrir a préstamos del exterior es porque estamos gastando más que lo que producimos. En sí mismo eso no es negativo. Depende de en qué estamos gastando el dinero. Si se trata de aumentar nuestra capacidad productiva futura es una cosa bien distinta a si se está financiando consumo presente. En cualquier caso siempre se estará dejando una deuda a las generaciones futuras.

Una vez que se da la situación de tener que recurrir a préstamos externos, es fundamental el nivel de tasa de interés que pagamos por ese dinero. Cuánto más alta, más costosos serán los préstamos. En caso de que sea el gobierno el que se endeude el gasto en intereses pesa negativamente en el resultado fiscal, disminuyendo así los recursos disponibles para otros fines.

La tasa de interés que se le cobra a un país a su vez está altamente correlacionada con su "riesgo". Las empresas calificadoras evalúan periódicamente una serie de variables económicas y en base a este análisis califican la deuda de los países en distintas categorías.

Cuanto mejor sea evaluado un país, seguramente menor será su prima de riesgo, y, por lo tanto, la tasa de interés que deberá pagar.

Estas categorías a su vez son importantes para determinar incluso quiénes pueden prestarle a un gobierno. Por ejemplo, el grado inversor permite que se acceda a fondos de pensiones que de otra manera no sería posible.

El problema es que estas calificaciones constituyen un arma de doble filo para los países que las reciben. Cuando las mismas son favorables, es posible conseguir préstamos "baratos" y en abundancia. Eso estimula conductas fiscales irresponsables. O por lo menos deja sin argumentos a quienes suelen presentarse ante la opinión pública como "responsables". De esa manera se alienta la continuidad de déficits fiscales importantes.

Sucede que en algún momento las empresas calificadoras revisan a la baja la nota de los países endeudados y con elevados déficits fiscales, dificultándoles el logro de financiamiento y obligándolos a realizar ajustes de gastos mucho más drásticos que los que hubieran debido realizar si sus conductas hubieran sido más cautelosas.

El gobierno uruguayo habla de prudencia fiscal pero no la practica y apuesta además, dando las señales equivocadas, a mantener una calificación crediticia de la deuda pública que ya no merece. La moda de la inversión en países emergentes está dando paso a un nuevo tiempo donde se valorará la calidad por sobre el riesgo y si las calificadoras no actúan, más temprano que tarde, los mercados financieros se encargarán de hacerlo. Los platos rotos los pagaremos entre todos.